Ultima Parte
Juan Guzmán
La historia reciente muestra que la degradación ha tenido dolorosas consecuencias humanas. El 10 de febrero de 2009, la comunidad de Carlos Díaz, en Tamboril, al sur de la zona colindante con el “Alto de la Monja”, vivió uno de los episodios ambientales más dramáticos registrados en la Cordillera Septentrional. Un gigantesco deslizamiento de tierra obligó al desplazamiento de cerca de 487 familias, devastó escuela, templo, y viviendas, transformando para siempre la vida de esa comunidad.
Aquel desastre volvió visibles las profundas fragilidades geológicas de la montaña y abrió un debate sobre el impacto de la extracción de materiales, la deforestación y la ocupación inadecuada del territorio.
Años después, el propio Ministerio de Medio Ambiente citaría ese antecedente para negar permisos de explotación en distintos puntos de la Cordillera, reconociendo que actividades desarrolladas sin controles adecuados podían agravar la vulnerabilidad de estos ecosistemas.
Carlos Díaz debería ocupar, como una advertencia, un lugar en la memoria ambiental del país. La cordillera Septentrional tiene límites físicos que no desaparecen porque existan permisos administrativos o porque las intervenciones sean graduales.
Cuando esos límites se sobrepasan, la naturaleza termina recordándolos con una fuerza que ninguna obra de ingeniería puede contener. La Cordillera Septentrional se está deteriorando por la suma de cientos de intervenciones que rara vez se analizan de forma conjunta.
Cada mina, cantera, obra vial, fuente de contaminación de las aguas, o vivienda sobre una cumbre y que generan todas deforestación, quiebre de la dinámica hídrica y ruptura de la dinámica ambiental, están reescribiendo la geografía, ecología, conformación social y futuro del norte de nuestra nación.
