José Jordi Veras Rodríguez

Cuando hemos visto lo sucedido en San Juan de la Maguana, en donde el Gobierno ha dado marcha atrás en un posible proyecto minero de una empresa canadiense, que hace años tiene permiso de exploración en una zona de esta Provincia, no es más que la desconfianza que hoy día se mantiene, en la mayor parte de la población, frente al aspecto de la minería.

Independientemente de si el presidente de la República tomó la decisión de suspender todo trabajo a realizarse en esa zona, una vez vio el rechazo masivo de una gran parte de la población dominicana y basándose en lo que la propia Ley de Medio Ambiente establece, hay que tomar en consideración que todo esto es fruto de los hechos históricos que han ocurrido alrededor de cada experiencia minera que se ha desarrollado en nuestro país.

Hemos conversado y leído sobre el tema hace mucho tiempo, y tenemos amigos y uno hasta podría entenderlo, que está a favor de la minería, aun siendo defensores del Medio Ambiente.

Sin embargo, es lo mismo que hemos establecido a cada uno de ellos, y es que nos muestren: ¿Cuál es la referencia positiva que tiene este país en el plano de este tipo de empresas? Porque si vamos a tomar el caso de Sánchez Ramírez, creemos que los hechos tanto en daños ambientales como en el aspecto económico para la región son más que palpables.

Porque hoy esa zona y la de Monseñor Nouel en su momento, debieron estar como tazas de oro. Sin embargo, la realidad es más elocuente que las palabras. 

A todo esto, tenemos un Estado que no ha sabido, vía los distintos gobiernos que le han representado, ser buenos “pater familis”, que como buenos padres, hayan podido cuidar, velar y exigir, ni a las empresas granceras, que han diezmado ríos y afluentes, y mucho menos, a las del ramo minero, que aquellas que han dejado las contaminación y ante los ojos de las propias autoridades, sin que esto haya tenido consecuencias ni siguiera un llamado de advertencia.

Entonces, ante un panorama histórico como el que hemos vivido las dominicanas y dominicanos, frente al tema de las empresas mineras, ha sido un pésimo trabajo, no solo de nuestras autoridades frente a esto, por la falta de una supervisión y vigilancia adecuada y hasta seguimiento, es que se ha perdido y hasta desvirtuado, ese concepto de “minería responsable” y que el mismo haya estado acorde a lo que se ha esperado en la protección de la biodiversidad y el medio ambiente.

Si bien es cierto que el resultado de la minería trae sus beneficios, no menos cierto es, que en el caso nuestro, el precio que hemos tenido que pagar los dominicanos, ha sido muy alto y en detrimento del futuro ecológico de las actuales y futuras generaciones.

Es que los precedentes que hemos tenido y que tenemos, ante la explotación minera, el comportamiento estatal ante el seguimiento de estas empresas y de las mismas granceras, no brindan una pizca de confianza ante lo que realmente se llama pueblo, aunque muchos entendamos el significado de la minería, pero en la manera en que hemos manejado como nación el tema, ha sido en perjuicio, más que en beneficio a largo plazo.

Las referencias existentes y pasadas no brindan la confianza requerida. Es una muestra de mayor responsabilidad y dolor ante lo que se llaman recursos naturales, que no hay valor en oro que lo sustituya, si no se sabe proteger y cuidar.