José Armando Toribio
Por más que las autoridades dominicanas intenten controlar el uso de celulares y otros aparatos tecnológicos dentro de los centros penitenciarios, cualquier medida que se limite únicamente al bloqueo de señales corre el riesgo de convertirse en publicidad y propaganda. Para que tenga efecto debe estar acompañada de controles internos efectivos, investigaciones y acciones permanentes que frenen esta práctica de utilizar estos dispositivos para delinquir.
La facilidad tecnológica explica una parte importante del problema, ya que un teléfono celular, acceso a internet y algunos datos personales pueden ser suficientes para iniciar una estafa. Es que la distancia que ofrece una pantalla genera en el delincuente una sensación de impunidad que facilita el engaño y permite contactar a numerosas víctimas, sin tener que enfrentarlas directamente.
Día tras día, cientos de personas denuncian robos y estafas mediante llamadas telefónicas y plataformas digitales, donde los delincuentes solicitan grandes cantidades de dinero, utilizando historias falsas como supuestos accidentes de tránsito de familiares, detenciones, emergencias médicas, premios inexistentes o rifas fraudulentas, aprovechándose principalmente del miedo, la urgencia y la confianza de quienes reciben las llamadas.
Por más bloqueos tecnológicos que se implementen en las cárceles, las estafas pueden continuar, si no se desmantelan las estructuras que las organizan, pues este fenómeno se ha convertido en una de las principales amenazas de seguridad digital y telefónica, no solamente por el uso de celulares, sino también por la capacidad de los delincuentes para obtener información.
La solución a esta problemática debe ir mucho más allá de bloquear celulares y señales en las cárceles, ya que se necesita fortalecer la vigilancia penitenciaria, investigar la corrupción interna, mejorar los controles de acceso a dispositivos, y desarrollar capacidades de investigación digital. También, aplicar sanciones firmes tanto a los autores de las estafas como a quienes faciliten estas operaciones desde dentro o fuera de los centros penitenciarios, porque la seguridad ciudadana no puede depender de anuncios temporales.
