Realidades y extractos

José Jordi Veras Rodríguez.

Una de las consignas del actual gobierno, se ha centrado sobre la independencia que han brindado al Ministerio Público desde su cabeza, y esa fue en los primeros casi tres años, la bandera exhibida. 

Sin embargo, nada es totalmente independiente, si no lo es desde el punto de vista económico, no solamente estructural o en su accionar, porque es como soltar una de las cuerdas que sostienen a un toro amarrado, pero tengo la otra, para evitar que haga de forma eficiente lo que le corresponde.

Desde el mismo momento en que el actual primer mandatario llegó al poder, hemos estado indicando que no es suficiente con haber nombrado por decreto a la Magistrada Miriam Germán como Procuradora General de la República, y que ella a su vez nombrara  a la Magistrada Yeni Berenice Reynoso Gómez, como Directora General de Persecución, si no les iba a otorgar la otra gran libertad, la económica.

Ustedes dirán: ¿por qué traer esto a colación ahora? Simple, hace poco el grupo de fiscalizadores volvieron a exigir amenazando con realizar un paro, si no les eran atendidas las exigencias a muchos de ellos que hacen labor como fiscales, pero sus condiciones económicas y materiales son como lo fiscalizador.  Y esto es injusto.  Ya que hacen el trabajo duro y no son tratados acorde al esfuerzo.

Se pudo llegar a un acuerdo, pero con el compromiso, que para el presupuesto del año que viene, 2024, la Procuradora se comprometía en solicitar partidas que vayan en mejoría de la mayoría de los que integran el Ministerio Público, en cuanto a salario y ascenso.  Buscando con esto, esperar que el Congreso y el Poder Ejecutivo, puedan aceptar aumentar los recursos.

El año pasado, en vez de aumentarles, les redujeron.  Entonces, es muy político y oportunista, alegar que se ha brindado independencia a una institución, si usted no es capaz de ofrecerle la holgura económica que le permitirá trabajar sin limitaciones ni descontento.

Quién no reconoce la ardua labor que se ha hecho a nivel nacional por parte del Ministerio Público, en su gran parte.  Sin embargo, no es posible que un Distrito Judicial como Santiago, solo tenga 65 fiscales, incluyendo en este número, fiscalizadores, cuando una zona como la nuestra, merecería algo mucho mayor y que tengan mejores recursos y condiciones, porque al fin y al cabo, a quien beneficia todo esto, es a cada uno de nosotros.  

Hay que esperar, si para un año electoral, como lo es el que viene, 2024, el gobierno del PRM, y los legisladores de esa misma organización, se ponen a tono con la coherencia que han enarbolado y utilizado como recurso de campaña en estos más de tres años, sobre la independencia del Ministerio Público, pero por favor, que no sea a medias.