Manifestamos nuestra profunda preocupación por las iniciativas que se impulsan ante el Tribunal Constitucional, con el evidente propósito de que esa alta instancia desconozca los derechos fundamentales de la vida y la familia, consagrados en la Constitución de la República.
Los ataques a esos derechos, como es sabido, se vienen lanzando desde hace décadas, y en todas las ocasiones, tanto el legislador constituyente como el ordinario, interpretando los valores e intereses permanentes del pueblo dominicano, los han rechazado en forma sostenida, reconociendo la dignidad innata de la vida humana desde la concepción, y la importancia de preservar la familia como fundamento de la nación.
Propiamente, somos de las pocas naciones del mundo, que han rehusado sumarse a esas corrientes propias de la cultura de la muerte, en nombre de un falso sentido del progreso humano, o lo que es peor aún, de las libertades y los derechos de las mujeres.
Pretender que el Tribunal Constitucional irrespete o subvierta con una sentencia interpretativa la Constitución, de la que son el supremo garante, constituye una acción audaz y de alto riesgo contra el orden constitucional e institucional, especialmente, cuando la misma se funda en visiones ideológicas cargadas de relativismo e impulsadas por el transhumanismo.
Los poderes públicos que representan a la nación dominicana, con su identidad cristiana, no pueden permitir que se ataque su soberanía y autodeterminación, para menoscabar su integridad demográfica y territorial, con ataques a la vida humana en cualquiera de sus etapas, así como la destrucción o debilitamiento de la estructura fundamental de la sociedad que es la familia.
Saludamos que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional, hayan rechazado ante el Tribunal Constitucional, las pretensiones de varias organizaciones y personas, con respaldo de entidades internacionales, de desconocer los derechos consignados en la Constitución que, además por su propia naturaleza, son fundamento de todos los demás derechos y libertades.
Valoramos también la acción oportuna y responsable de intervención, ante el Tribunal Constitucional, de los movimientos y ciudadanos Provida y Defensores de la Familia, católicos, evangélicos, así como del ejercicio de los valores de la dominicanidad.
Conferencia del Episcopado Dominicano (CED)
