Isaac García de la Cruz
Desde la Biblia, la literatura y la historia se nos muestra que el ser humano es, por naturaleza, homo viator, un viajero, sobre todo, para asegurar su sustento. En este sentido, se comprende el movimiento de personas vulnerables en procura de mejor forma de vida. Las sociedades desarrolladas, industrializadas y tecnificadas, tienen una cuota de responsabilidad muy alta en relación a la calidad de vida de los pueblos menos favorecidos. La Iglesia Católica, desde Jesús hasta nuestros días, ha sido muy clara en ello.
De igual modo, la Doctrina Social de la Iglesia desde León XIII hasta Francisco, todos los Papas han hecho uso de su ministerio petrino para convencer a gobiernos, empresarios y personas ricas de que la hermandad no se reduce solamente a la capacidad de una persona sentirse apenado por la suerte de otra, sino, sobre todo, se remite a la solidaridad. Ningún cristiano puede estar tranquilo mientras exista una persona con hambre, en la cárcel o forastero (Mt 25,35).
Los gobiernos dominicano y haitiano frecuentemente se han pronunciado a favor de una mayor atención internacional del pueblo haitiano, frente a la limitación de procurarse un bienestar estable por sí mismo. Esto afecta a toda la Región. Ante las condiciones políticas, económicas, sociales, educativas, culturales y de salud de nuestros vecinos más cercanos, la comunidad internacional ni nosotros podemos estar tranquilos haciendo entender que no sabemos lo que está sucediendo en este hermano pueblo nuestro, de tierra y nacimiento. De hecho, si Haití tuviera estabilidad, no nos inquietara tanto compartir nuestra media isla y la idea no consiste en fusionar, sino lograr respeto, identidad propia y desarrollo integral en ambos países.
La nación haitiana, fruto del prolongado período de desestabilización general, ha iniciado una avalancha migratoria, nunca antes vista, de un lado, buscando mejor forma de vida y, del otro, tratando de salvarse de las bandas criminales organizadas que pululan en el país y, como es natural, unidos por un mismo territorio, República Dominicana es la primera opción.
Con frecuencia leemos en los medios de comunicación, nacionales e internacionales, la llegada de haitianos a diferentes países, los cuales son sometidos, según las regulaciones propias, a las leyes que corresponde aplicar a las personas que entran irregularmente a territorios extranjeros.
Los haitianos igual que cualquier ser humano, tienen el derecho a sobrevivir y a defender su vida de todo tipo de amenazas: muerte, esclavitud, violación, hambre, falta de medicina y educación, a tener un Estado de Derecho. Para responder a ello, hay leyes internacionales.
A República Dominicana le corresponde, como consecuencia, cuidar sus fronteras y aplicar coherentemente su marco migratorio establecido para evitar la entrada ilegal de cualquier persona extranjera. Extranjero no es sólo el que proviene del lado Oeste del país.
En cualquier reglamento migratorio establecido (Decreto 327-13), debe excluirse la degradación de la dignidad humana. En ello coinciden las voces del Papa Francisco, a nivel global, y los obispos dominicanos y haitianos en sus pronunciamientos, en modo específico.
¿Cómo proceder, entonces? A partir de las diferentes regulaciones, del pasado y del presente, que las autoridades dominicanas velen por la aplicación de la Ley 285-04 sobre Migración, eviten todo tipo de corrupción en nuestras fronteras y establezcan un protocolo claro sobre el tratamiento que se le debe dar a cualquier ilegal en territorio dominicano, incluyendo la posibilidad de un juicio que demuestre su irregularidad (285-04, art. 6,15) y que evite arbitrariedades e injusticias, como son las denuncias, ciertas o no, de hijos abandonados por la deportación de sus padres, la existencia de cárceles móviles, la violación de derechos, los maltratos físicos, el trabajo forzado, el pago de dinero para no ser deportado y los peajes para volver a entrar al país sin documentos.
Si miramos el panorama mundial, durante el 2023 se desplazaron más de 280 millones de personas; a nivel local, tenemos dominicanos migrando hacia EU y haitianos, hacia RD, esto nos permite concluir que, la solución no está en la construcción de muros, sino en la educación de los pueblos, en la posibilidad de oportunidades, en la ejecución de normas y protocolos fronterizos, en practicar la justicia social, en el cumplimiento del deber de los gobiernos de cada país para crear programas enfocados en la eliminación de la pobreza y de la alta tasa de desempleo, sobre todo entre la población más joven, de formar ciudadanos que cumplan con su deber, para no vender su conciencia ni su trabajo al mejor postor, haciéndose de la vista gorda ante irregularidades e ilegalidades.
Los gobiernos deberían dedicarse a crear políticas alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030, a la creación de mejores condiciones de vida de sus habitantes, más que a la defensa de las fronteras y al control migratorio; sensato sería que los grandes capitales produjeran mejores oportunidades en los países y en las zonas más vulnerables, para procurar un mayor desarrollo en esos lugares y evitar que las oleadas migratorias lleguen hasta sus territorios. Esta iniciativa posibilitaría un desarrollo humano sostenible.
De aquí que, dependiendo el cristal con el que se mire, la migración puede ser buena o mala: si la vemos desde el punto de vista de la contratación de mano de obra legalizada (285-04, art. 3), desde la migración controlada (285-04, Art.6,8), la obtención de un documento migratorio (285-04, art. 2), el pago de impuestos, de seguridad social y riesgo laboral, de integración cultural y educativa, incluso de deportación ordenada (285-04, art.6,12), es una gran ventaja para cualquier país. Si hablamos de corrupción fronteriza, de evasión de impuestos, de trata de personas, de violación de derechos, de deportaciones sin control ni ética, más que favorecer, afectan a los países que las ejecutan. Un plan de deportación sin moral es una guerra sin disparos. Hay que cuidar el fondo y la forma.
El Consejo Permanente del Episcopado recientemente ha afirmado: “República Dominicana, como nación cristiana, debe evitar que se presenten situaciones dolorosas que afecten a los migrantes, como el trato injusto, las deportaciones arbitrarias y las separaciones familiares”. Esto no es nacionalismo ni racismo ni xenofobismo, sino respeto a la dignidad humana, establecido en nuestra Ley 285-04, art. 27, lo cual también pedimos para cada dominicano donde quiera que se encuentre.
