Por Mons. Jesús Castro Marte
Obispo de La Altagracia
Comienzo adelantando que nuestras reflexiones sobre muchos de los desafíos que afectan a la sociedad dominicana, principalmente los que aquejan a los más pobres, están inspiradas en las enseñanzas de la Iglesia Católica, cuya cabeza visible es el Papa, y en quien descansa el celo evangélico por la sana doctrina, gracias al servicio de su magisterio, que en el curso de los años sigue invariable en su universalidad y seguridad.
Hoy seguimos tropezando con la crítica “añejosa”, según la cual no es tarea de un sacerdote ni de la Iglesia tratar temas políticos y sociales, la cual está cargada de prejuicios e intenta sacar la opinión de la Iglesia y de los entes de moralidad del espacio público, con la pretensión de hacer de lo político un hecho exclusivo del poder y un instrumento que se usa a voluntad de quienes lo ejercen, dejando fuera al resto. Decimos ‘prejuicios’ porque el evangelio de Jesucristo, como ha recordado oportunamente el Papa Francisco, no tiene como finalidad única “preparar las almas para el cielo”, sino que “Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra” (Evangelii gaudium, 182).
Es importante precisar que nada de lo dicho implica que la Doctrina Social de la Iglesia propugne algún tipo de maridaje entre la Iglesia y el Estado. Muy al contrario, procura que, en sus relaciones con el Estado, se respeten los respectivos ámbitos de cada uno de ellos y tenga lugar una colaboración inquebrantable entre ambos en procura de bien común.
La Doctrina Social de la Iglesia nos orienta sobre la responsabilidad de todos hacia esa noción central que es el bien común. Lo es en la filosofía política, pero también en la propia Doctrina Social de la Iglesia, hasta el punto de desempeñar en ella un papel “unificador”, como señaló el Papa Francisco en el número 156 de su encíclica Laudato si’.
Pues bien, en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (166) podemos leer a ese respecto:
“Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época y están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. Tales exigencias atañen, ante todo, al compromiso por la paz, a la correcta organización de los poderes del Estado, a un sólido ordenamiento jurídico, a la salvaguardia del ambiente, a la prestación de los servicios esenciales para las personas, algunos de los cuales son, al mismo tiempo, derechos del hombre: alimentación, habitación, trabajo, educación y acceso a la cultura, transporte, salud, libre circulación de las informaciones y tutela de la libertad religiosa. Sin olvidar la contribución que cada Nación tiene el deber de dar para establecer una verdadera cooperación internacional, en vistas del bien común de la humanidad entera, teniendo en mente también las futuras generaciones”.
Desde hace más de 50 años se ha estado reflexionando en nuestro país sobre los problemas que busca solucionar la Agenda Nacional de Desarrollo. Se ha trabajado en muchos y diversos espacios y se han realizado amplios estudios que describen nuestra realidad y presentan propuestas de posibles soluciones en diversos órdenes. La Iglesia ha estado presente en esos espacios y participado en esos estudios, aportando su doctrina y sus recursos, tanto humanos como materiales.
Queriendo ser realistas y siempre con la pretensión de contribuir al desarrollo nacional, hemos de reconocer que el país ha avanzado mucho a lo largo del último medio siglo. Sin embargo, también debemos afirmar que resulta injustificable que, a estas alturas de la historia y del progreso de la humanidad, problemas elementales estén aún pendientes de resolver en la República Dominicana.
Entre ellos, debemos mencionar, antes de nada, el problema de la exclusión social y de la pobreza, que afecta a una importante proporción de la población. El crecimiento económico recogido en las estadísticas macroeconómicas no termina de reflejarse nítidamente en los medios rurales y en los cinturones de pobreza que circundan las ciudades.
Enumeramos a continuación otros asuntos que ameritan un esfuerzo de profundización por parte de todos los dominicanos y dominicanas:
Energía: electricidad, renovable y no renovable. El Estado sigue cargando con las pérdidas y el pueblo paga y soporta los apagones, mientras que quienes hacen negocios en este sector obtienen beneficios. Es evidente que el gobierno ha realizado un importante esfuerzo en orden a contrarrestar este problema histórico, pero subsisten notables carencias, las cuales, además, se agravan en temporadas de gran consumo, como lo es el verano.
Sabemos la envergadura del tema energético, pero da pena que a 20 años corridos del siglo XXI todavía siguen siendo temas pendientes Agua potable y manejo de desechos; el tema medioambiental; los combustibles, su comercialización y carga tributaria; el turismo y minería sostenibles y la distribución de recursos; la pobreza y los dramas detrás de las remesas; las comunicaciones y la brecha digital del país, las principales carreteras no tienen señal estable; la producción agropecuaria y su comercio y la seguridad alimenticia.
Necesitamos la contundencia del Estado liderando la participación del sector privado en temas de inversión público-privada de las industrias nacionales: producción variada, zonas francas y “marca país”; transporte público y privado; servicios profesionales.
Hace falta que el Estado se tome en serio Educación (que es una desgracia nacional sin avances en este siglo); los accidentes de tránsito (una vergüenza internacional, cosas como nuestras vías son las “más peligrosas del mundo”); servicio de salud y seguridad social; seguridad ciudadana; control del territorio y migración responsable; sistema de justicia y cárceles;
Agreguémosle a eso la administración pública general, el servicio exterior, ordenación territorial y municipalidad, la agenda de social de los marginados y desarraigados del sistema en que vivimos.
Esta mirada nos debe conectar con la definición constitucional de la República Dominicana como un estado democrático social y de derecho, y que cada instancia oficial tome un papel activo en la conducción de nuestra nación por los senderos del desarrollo, la equidad social, la participación política y ciudadana, la relación amigable con el medio ambiente, la inclusión y la convivencia social, la libertad religiosa, la cultura dominicana, los valores familiares y el respeto al don inviolable de la vida humana.
Ahora que estamos en campaña electoral, sugerimos a todos los sectores que influyen en la toma de decisiones de nuestro país que debatan estos temas y que incidan en la puesta en marcha de la Agenda Nacional de modo realista y eficiente. Ello debería unificarnos como pueblo y provocar un desarrollo a la altura de una Nación del siglo XXI.
