Por: Reynaldo R. Espinal

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7ta. parte

En la pasada entrega de esta serie, se hizo referencia al intercambio de impresiones sostenidas por el entonces Embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Gómez Llano con el Embajador dominicano Tulio Franco y Franco, a raíz de la publicación de la Carta Pastoral y la audiencia sostenida por el Canciller Porfirio Herrera Báez y el Papa Juan XXIII.

Continuaba informando el Embajador Gómez Llano a la Cancillería Española en el referido informe, que en relación con la visita del  Canciller  dominicano a Roma, el Embajador Franco le informó  que la misma “había sido de riguroso incógnito” por lo que Herrera Báez le hizo expreso su malestar al enterarse de que L’Obsservatore Romano” había reseñado su audiencia con el Papa, significándole, además, que “la misma había tenido por objeto protestar de la Pastoral, reiterar la devoción del Presidente a la Santa Sede e informarle del alcance del complot y sobre todo, me insistió, de la injusta actitud del Episcopado Dominicano”.

En su importante memorándum, refería, a su vez, el Embajador la audiencia que, dos días después de solicitarla, es decir, el 13 de febrero le había concedido Monseñor Samoré,  Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Extraordinarios,  en la Secretaria de Estado Vaticana, a quien pidió darle detalles sobre los acontecimientos de Santo Domingo.

Según la versión que le fuera dada por Samoré, muy distinta por cierto a la dada por Franco, el gobierno dominicano “ evidentemente nervioso por la propaganda de Fidel Castro, había practicado no pocas, sino muchas detenciones( más de dos mil, según referencias) y se habían dictado condenas hasta de treinta años de trabajos forzados en algunos casos, lo que, unido al hecho de que a los detenidos se les había sometido a procedimientos violentos de interrogatorio, había movido al Episcopado a publicar la Carta Pastoral de referencia, acto, me reitero, espontáneo de la jerarquía dominicana y que, como de carácter interno, no tenía que haber sido consultado, que no tuvo conocimiento de la Pastoral hasta después de haber sido publicada; pero que ello no obstante, la Secretaría de Estado tenía que estimar que la iniciativa episcopal había actuado dentro de la esfera de su competencia, movida por un espíritu de caridad ante la situación creada en Santo Domingo por las aludidas detenciones y condenas, añadiéndome que así se lo había dicho al Ministro de Asuntos Exteriores de Santo Domingo en las dos entrevistas que con él había tenido, al que, por otra parte, había asegurado que este incidente no modifica en nada las relaciones entre la Santa Sede y la República Dominicana, ya que la Pastoral, le insistió al Ministro, tenía que ser considerada como un acto interno de la jerarquía y a juicio de Monseñor Samoré sin objeto político alguno contrario al Gobierno dominicano”.

A tenor de lo informado por Samoré al Embajador Español, se advierte que no hace alusión al papel jugado por el Nuncio Zanini en la iniciativa de la Carta Pastoral, lo que bien podría juzgarse como un acto de habilidad diplomática para no dejar traslucir la implicación de la Santa Sede a través de su Embajador en Santo Domingo que, como sabemos, resultó clave.

Refiere además, según le revelara Samoré, que Herrera Báez le expresó la queja de que la jerarquía diera a la luz la Carta Pastoral sin previo conocimiento del gobierno, situación que podía haberse evitado “con una visita o audiencia con las Autoridades, que siempre están prontas y dispuestas a recibir al Episcopado de Santo Domingo, a lo que replicó Monseñor Samoré que como la Pastoral se había producido espontáneamente por la jerarquía y era un asunto interno, el malentendido objetivo político que pudiera haber creado la publicación de aquella debía ser aclarado también, internamente, aconsejando una entrevista entre Autoridades y Jerarquía que fijase el alcance exclusivamente cristiano y humanitario de la Pastoral”.

Continuará.