Sumaya Rodríguez
Durante años, el silencio ha sido el idioma impuesto a miles de mujeres que viven violencia en la República Dominicana. Un silencio que no nace de la indiferencia, sino del miedo, la culpa, la dependencia económica, la normalización del maltrato y la falsa esperanza de que “mañana será distinto”. Callar, para muchas, ha sido una estrategia de sobrevivencia, o falta de conocimientos. Hoy continuamos buscando una forma de dar respuesta a esta problemática.
La violencia contra la mujer no siempre deja marcas visibles. Con frecuencia se manifiesta de formas más profundas y devastadoras: el control excesivo, las humillaciones constantes, el aislamiento, las amenazas veladas, la violencia psicológica y económica.
Estas conductas, expresamente reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico, erosionan la autoestima y la autonomía de las víctimas hasta hacerles dudar incluso de su propia percepción de la realidad. Así se instala el silencio.
… que introdujo en nuestro Código Penal la tipificación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, reconoce que estas violencias constituyen una violación a los derechos humanos y una responsabilidad directa del Estado dominicano prevenir, sancionar y erradicar.
No se trata de conflictos privados ni de asuntos domésticos, como antes se pensaba, se trata de delitos que afectan la dignidad, la integridad y el derecho fundamental a la vida.
Ninguna mujer permanece en una situación de violencia porque quiere. Permanece por varios factores, dependiendo del caso, pero generalmente, porque ha sido condicionada a creer que no tiene opciones, que no merece otra vida o que el costo de salir emocional, económico, social o incluso vital es demasiado alto. Esa permanencia no es consentimiento; es resultado de la desigualdad estructural.
Hoy, además, vivimos un momento especialmente doloroso como país. Los feminicidios y las distintas expresiones de violencia basada en género han generado una legítima alarma social. Este contexto ha impulsado avances normativos importantes, como la tipificación expresa del feminicidio en el nuevo Código Penal, reconociendo esta forma extrema de violencia como un delito autónomo y agravado, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, ninguna ley será suficiente si no se traduce en prevención efectiva, protección oportuna y acceso real a la justicia.
Quiero hacer un llamado, a las mujeres, especialmente a las que están siendo víctima de violencia, a realizar una reflexión determinante. Una propuesta de cambio de creencias y de conciencia. Una pregunta necesaria: ¿y si esta no es la vida que merezco? Ese cuestionamiento marca el inicio de la acción.
Tomar acción no significa, necesariamente, denunciar de inmediato o romper con todo de un día para otro. La acción comienza cuando una mujer se reconoce como víctima sin vergüenza ni culpa. Cuando nombra la violencia por su nombre. Cuando identifica que el control, las amenazas o el maltrato psicológico también son violencia, como lo establece la Convención de Belém do Pará, al definirla como cualquier acción o conducta basada en el género que cause daño físico, sexual o psicológico, en el ámbito público o privado.
Acción es también hablar con alguien de confianza, solicitar orientación personal o institucional, aceptar acompañamiento y comprender que pedir ayuda no es un acto de debilidad, sino de valentía. Así lo refuerza la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los Estados a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y a remover los obstáculos que perpetúan la discriminación y la revictimización.
Romper el silencio no es solo un acto individual; es un acto profundamente social y jurídico. El silencio protege al agresor. La acción protege la vida, la dignidad y el futuro. Cada mujer que se atreve a hablar abre camino para que otras también lo hagan y fortalece el mandato del Estado de investigar, sancionar y prevenir estas violencias, conforme a su deber constitucional e internacional.
Como sociedad, tenemos una responsabilidad colectiva ineludible: dejar de cuestionar a las víctimas y empezar a cuestionar la violencia. Escuchar sin juzgar. Acompañar sin imponer. Creerles. Garantizar que el sistema de justicia actúe con perspectiva de género, como exige nuestra jurisprudencia y nuestros compromisos internacionales.
A las mujeres que hoy leen y se reconocen en estas líneas quiero decirles algo con absoluta claridad: tu historia importa. No estás sola. Tu dolor es válido. La ley te protege. Tu vida puede ser distinta. No naciste para sobrevivir en silencio; naciste para vivir con dignidad, libertad y justicia.
Reitero. No estás sola. Estamos para acompañarte. Da el paso. Tienes derecho a vivir una vida con dignidad, libre de violencia.
