Por: José Jordi Veras Rodríguez.
Con relación al acuerdo que fue anunciado por la Procuraduría General de la República, con el cual se benefició al señor, Maxy Gerardo Montilla Sierra, en la que por medio de una figura que se encuentra inserta en el Código Procesal Penal, como lo es el Criterio de Oportunidad, que está nombrado en el artículo 34 y siguientes, se indica cuáles son las condiciones para que el mismo pueda proceder.
Dicho acuerdo consistía en el decomiso de dos mil millones de pesos en efectivo y un resto hasta completar los tres mil millones de pesos, tendría que devolver bienes y pagar otros tantos a instituciones como la DGII, entre otras. Teniendo la obligación dicho señor ya mencionado, que colaborar con el Ministerio Público, en el proceso del cual es parte como imputado principal Alexis Medina Sánchez.
Es cierto que desde el punto de vista técnico jurídico y legal, está correcto y es el primer caso en que se hace un decomiso de esta naturaleza en el país, y va acorde con lineamientos que llevan a cabo otras naciones. Ahora bien, al parecer se está olvidando, fuera de lo formal y lo normativo, que con este pueblo se tiene una deuda social acumulada, por el hecho mismo de la impunidad que se ha llegado al colmo a través de más de cuarenta años, de gobiernos que vienen y van, de dejar un sentimiento de burla e impotencia a quienes somos parte de una nación que ha sido saqueada vulgarmente, robándole oportunidades en educación, salud y seguridad social al pueblo dominicano.
Es que es normal que cree urticaria, comezón e impotencia, el saber que existen miles de imputados detenidos en las cárceles o en el Nuevo Modelo, que están hoy detenidos por menos que todo eso y no deja de ser una bofetada al anhelo de castigo y sanción.
Entonces es de justicia, precisamente, permitirle a la mayoría de este pueblo, que se exprese al menos para gastar su pisoteada dignidad de años por todos los recursos que se han robado del erario y no ha sucedido nada, precisamente por esto, es que decimos sobre la deuda social de los partidos políticos, el sistema judicial, incluyendo el Ministerio Público, que dependiendo de la cabeza, ha actuado, de forma alegre o no, a favor de quienes han cometido faltas y nada les ha sucedido. Es por esto, que al ver este acuerdo ya indicado, y en estos momentos de tanta calamidad económica, este Criterio de Oportunidad, sabe a cicuta. Aunque en el aspecto jurídico procesal sea una conquista.
No deseamos terminar, sin citar un artículo sin desperdicios, escrito de la pluma de: Anibal de Castro, Director del Diario Libre, titulado: “A millones de robo, deshonra perpetua”. Y en algunos de sus párrafos establece, lo siguiente: “El castigo ahora es monetario. Se celebra el precedente. Nunca antes se había recuperado tanto en efectivo. Empero, la sanción resulta pequeña frente a la magnitud del robo. El dinero cambia de bolsillo, la herida social permanece. Nadie restituirá los hospitales que no se construyeron, las escuelas que no se equiparon, los apagones que nos castigaban mientras unos pocos se enriquecían”.
Y: “En un país con déficit de sanción moral, se sueña con una condena que no figura en los códigos: la deshonra perpetua. Que el apellido arrastre siempre el peso de la infamia, que no pueda rehabilitarse quien hizo fortuna con la necesidad del pueblo. Porque lo robado no se reduce a dinero, también fueron confianza, dignidad y futuro”. Y como expresamos las abogadas y abogados en las conclusiones:
Y haréis justicia…
