Por: José Jordi Veras Rodríguez.
Luego de vencerse el plazo de las declaraciones juradas de funcionarios y legisladores, que fue el pasado 16 de septiembre, el presidente Luís Abinader, ofreció un supuesto ultimátum de 15 días para los incumplidores e irresponsables que a sabiendas de una obligación buscaron el famoso “chance”. El mismo que se critica cuando se habla de extender tiempo para las placas y cualquier otra cosa, porque es una mala costumbre que se ha acuñado desde el Estado.
Nos sorprendió sobre manera, que fuera el propio presidente de la República que saliera a decir que se daba una extensión para quienes obviaron su obligación. Porque es una mala costumbre que no debe seguirse permitiendo, porque es parte de lo que llamamos transparencia y de la que tanto se ha hablado desde hace más de cuatro años.
Hasta la semana pasada, y según un informe de la Cámara de Cuentas, respecto a este tema, de 32 senadores, solo 18 habían completado. De los cesantes al cargo, 18 de los tres hicieron entrega. De los 106 diputados de 178, hicieron entrega en el tiempo hábil.
El respeto a la ley en este país es un verdadero relajo. Y lamentablemente, el famoso “laissez faire”, o dejar hacer, es lo que nos ha debilitado como Estado, porque no se respeta el orden institucional. Ya con el solo hecho de un pronunciamiento desacertado por parte del primer mandatario, fue suficiente para que no se cumpliera lo que debió acogerse. Esto sigue siendo parte de nuestro atraso y del mal ejemplo con el que es cotidiano en este país.
Lo que aun más nos sorprendió, fue la actitud asumida, correcta y firme, de la vicepresidenta, Raquel Peña, que al ser abordada por los periodistas, indicó, lo siguiente: “Yo no le hubiera dado plazo, yo creo que el plazo ya estaba dado y todos nosotros somos grandes y tenemos que ser responsables para que en el tiempo debido, nosotros haber presentado nuestra declaración jurada”.
Hemos dicho que nos sorprendieron las declaraciones, no porque no conozcamos el tipo de pensamiento y manejo que tiene la ya indicada funcionaria, sino, porque haya desmentido u ofrecido una postura distinta a la del primer mandatario. Y no es porque ella debería plegarse a las directrices, sino porque eso no es normal en este país con el sistema presidencialista que nos acostumbró Trujillo, Balaguer y todo el que ha estado en el Palacio Nacional.
El mal ejemplo no cambia actitudes. Entendemos que el presidente Luis Abinader, no debió emitir esas declaraciones y ofrecer o decir que daba un ultimátum a sus funcionarios que no habían cumplido, porque se supone, que debe erradicarse del poder, las viejas y malas prácticas del pasado y no traerlas de nuevo al presente, porque así no se hace nación, señor presidente.
