Por: Reynaldo R. Espinal

rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

A raíz de la publicación de la Carta Pastoral y la denegación a Trujillo del anhelado título de “Benefactor de la Iglesia”, fueron cada vez más frecuentes no sólo los ataques hirientes a través de Radio Caribe, sobre lo cual escribimos recientemente, sino también  las medidas adoptadas por el tirano para presionar a la iglesia a fines de incidir en un cambio de postura por parte de la misma. En su enfermiza egolatría, para Trujillo era inconcebible que persona o institución alguna, se negase a cumplimentar, en servil actitud de complacencia, sus demandas y caprichos.

El 15 de enero de 1960, Monseñor Beras le había dirigido una carta, dada la situación económica en que se encontraba el Seminario Santo Tomás de Aquino debido a que durante varios meses el régimen le había retenido la subvención acordada para su sostenimiento.

Trujillo, calculadamente, respondió la misma en fecha 31 de enero de 1960, precisamente el día en que en todos los templos se había leído la Carta Pastoral de los obispos dominicanos. La referida misiva se transcribe a continuación:

                                                                                                            Ciudad Trujillo, D.N

                                                                                                          31 de marzo de 1960.

Su Excelencia

Monseñor Octavio A. Beras

Arzobispo Titular de Eucita,

Coadjutor, con Derecho de Sucesión

Del Arzobispado de Santo Domingo,

Administrador Apostólico “Sede Plena”

Ciudad.

El Señor Secretario de Estado de Interior y Cultos me ha enterado acerca de la petición formulada por Vuestra Excelencia en carta de fecha 15 del mes de enero del año en curso, dirigida al entonces titular de ese departamento, para solicitar la intervención del Superior Gobierno con el fin de que se conjure el déficit del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, que asciende actualmente a la suma de $33,879.36.

Aunque el informe técnico de esa Secretaría es adverso a la petición de Vuestra Excelencia por razones burocráticas, muy dignas de atención a causa de los efectos que la Pastoral del 31 de enero ha tenido sobre las recaudaciones fiscales, no he vacilado en recomendar que se asigne al Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino la suma solicitada para que esa institución, a la cual le dado todo el apoyo desde su fundación, pueda proseguir su obra que reviste importancia capital por lo vinculada que se haya a la formación del sacerdocio y a la conveniencia de que la Iglesia Católica cuente en nuestro país con suficiente personal netamente dominicano.

Considero el Seminario como una de las instituciones más dignas de apoyo oficial por la trascendencia de su misión y por la circunstancia de que una de las necesidades más imperiosas de la Iglesia Católica en nuestro país es la de dotarla de sacerdotes que hayan nacido y se hayan formado en nuestro propio medio y que conozcan a fondo la verdadera idiosincrasia del pueblo dominicano.

Un escrúpulo, sin embargo, me ha hecho considerar que tal vez no sea oportuna mi intervención cerca de los organismos oficiales competentes para que la solicitud hecha por Vuestra Excelencia en favor del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino sea definitivamente aprobada.

El Señor Obispo de San Juan de la Maguana, Su Excelencia Monseñor Tomás F. Reilly, en carta que me dirigió… considera como un motivo de preocupación el plebiscito popular que se ha iniciado para que se me otorgue el título de “Benefactor de la Iglesia en la República Dominicana”.

Ese sentimiento, respaldado por algunas figuras destacadas del clero nacional, se inspira evidentemente, según las manifestaciones de las personas que lo han apoyado sin reservas, en el hecho de que he sido yo, entre todos los gobernantes dominicanos, el único que ha secundado sin vacilaciones la obra de la Iglesia Católica, que la ha rodeado de las facilidades materiales necesarias para el ejercicio de su misión espiritual y que ha llevado esa protección hasta el extremo de suscribir un convenio que somete a un régimen concordatario las relaciones entre la Santa Sede y el Estado. “

Continuará

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