Por: Reynaldo R. Espinal
rr.espinal@ce.pucmm.edu.do
A finales de noviembre de 1960, como forma de presión contra la iglesia tras la carta pastoral de enero de 1960 , tomó cuerpo un encendido debate en el congreso, cuyos integrantes eran elegidos por el Partido Dominicano, es decir, por Trujillo.
El diputado Santiagués José Miguel Pereyra Goico introdujo una moción a fines de que se procediera a la deportación, por parte de las autoridades de migración, y sin necesidad de requisito alguno de carácter administrativo o judicial, de toda persona de nacionalidad extranjera, “aunque se trate de eclesiásticos” y “cualquiera que sea su jerarquía”, que de modo verbal, escrito o por cualquier otro medio, se propusiera causar alteración social o realizara actos de provocación destinados a intervenir en los asuntos políticos internos.
Por los énfasis incluidos en la redacción, era notorio que la misma estaba destinada especialmente a amedrentar a los obispos Reilly y Panal, ambos extranjeros y en pleno ejercicio pastoral, que junto a Pittini, ya para entonces en retiro, tuvieron responsabilidad en la Carta Pastoral.
La referida moción constituía, según el jurista Santiagués:
“…un medio legal para conjurar la intolerante actitud de algunos extranjeros, especialmente miembros del clero, que amparados en las prerrogativas de sus funciones se dan a la práctica de subvertir el orden social, mediante pastorales, como la conocida de todos nosotros, verdaderos instrumentos subversivos, trastornadores de la vida social”.
Argumentaba ante sus colegas congresistas que “las enseñanzas del cristianismo, inspiradas en sentimientos de bondad, modestia, pudor, verdad, piedad y otros semejantes, han perdido gran parte de su significado y contenido y la Iglesia, representada por algunos de sus sacerdotes —no se confunda Sacerdocio con Sacerdote— ofrece medios y disposición favorables al proceso de decadencia moral”.
Invocando ejemplos de otros países, expresaba que “bastaría un vistazo a la historia universal, a los periódicos y a los libros, y escuchar ahora mismo las transmisiones de la radio, para reconocer horrorizados en qué desconcertante proporción reina en el mundo la mentira y la falsedad en boca de la Curia inmoderada e intransigente”.
Pero en esencia, el foco principal del ataque era la Carta Pastoral:
“La Pastoral suscrita por todos los obispos de la República presenta en su economía estos sentimientos dominantes: “egoísmo, codicia despiadada de bienes pasajeros, piedad profunda e incontrolable avidez de intervención política para solucionar problemas esenciales de índole personal”.
Las relaciones entre iglesia y estado se fueron tornando cada vez más tensas. En Memorándum del 1 de diciembre de 1960, dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores de España, el Embajador de España en nuestro país, Manuel Valdés Larrañaga, expresaba su preocupación ante el recrudecimiento de los ataques contra sacerdotes y religiosos a través de Radio Caribe, luego de que el diputado Pereyra el 29 de noviembre sometiera su proyecto de ley referente a la expulsión.
Informaba el Embajador:
“Como gran número de los sacerdotes que integran el clero dominicano son españoles, sin contar las numerosas e importantes órdenes religiosas que aquí han venido desarrollando una gran labor de elevación social y religiosa, algunos ataques se han dirigido también en el soez lenguaje que esta prensa ha adoptado contra el clero español, al afirmar que “en España vive de organizar casas de prostitución (El Caribe” y “Radio Caribe” 19 de noviembre”, en un país como España que es el más sacrílego de la tierra”.
Esto ha originado una protesta enérgica de esta Embajada, que motivó una convocatoria del Embajador de España a la Cancillería, para ofrecerle toda clase de excusas”.
Poco después, continuaría otra insidiosa campaña, encaminada a aprobar en el congreso una ley encaminada a disponer la instauración de la enseñanza laica. Este tema será abordado en la próxima entrega de esta columna.
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