Por: Reynaldo R. Espinal

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Desde el momento mismo en que se hizo pública la carta a la que hicimos referencia en la entrega del domingo próximo pasado, formulando las dos preguntas relativas al Concordato, inició de inmediato la publicación de las opiniones de destacados juristas, historiadores y figuras prestantes del régimen respondiendo a las mismas.

Entre estos destacan Abelardo Nanita, Máximo  Coiscou Henríquez, José Manuel Pichardo, Manuel Amiama, J.R.  Cordero Infante, Ernesto Sánchez Rubirosa, José Ramón Rodríguez,  Francisco Elpidio Beras, Luis Julián Pérez, Arturo Despradel, Federico  Cabral Noboa y Manuel Ramón Ruiz Tejada.

Exceptuando la opinión de Manuel Ruiz Tejeda, todas fueron coincidentes en cuanto a que el Gobierno Dominicano debía denunciar el  Concordato, es decir, desconocer el mismo de forma unilateral. Era la estrategia de Trujillo para presionar a la Iglesia a fines de que accediera a su indisimulada aspiración de que se le declarase su Benefactor.

Por ejemplo, el historiador Máximo Coiscou Henríquez al emitir su opinión, afirmaría que: “…la Constitución dominicana no debería adoptar ninguna  confesión como religión de Estado, sino consentir el libre ejercicio  de cuantas confesiones no colidan con los intereses superiores de la Nación. Vale decir que en el caso de buscarse establecer en la República una confesión cuyas prácticas fuesen lesivas del orden público  o de los intereses permanentes de la Nación, tal confesión sería perseguible por antisocial y por destructora de la conservación nacional. Fuera de este caso excepcional, cualesquiera confesiones serian amparadas por las leyes nacionales en un plano de estricta igualdad”.

En su mesurado estilo, el jurista Manuel Amiama, por su parte, siguiendo a pie juntillas el guión trujillista, sería de opinión que:

“el Concordato en sí mismo es irreprochable, la ejecución que de él han hecho la jerarquía eclesiástica y gran parte del Clero, ha  sido sin duda alguna excesiva y desquiciadora y por ello, tal ejecución nos llena de amargura, recelo y alarma.

Pensamos que si así son las cosas en el momento en que el poder  civil está orientado por el firme corazón y la enérgica mano del más vigilante estadista de nuestra historia, cuando no contáramos con  esa poderosa protección, los sacerdotes extranjeros que forman parte  de la jerarquía eclesiástica y la mayoría del clero, podrían llegar a  pretender erigir entre nosotros una verdadera teocracia, cuya erradicación entonces no podíamos lograr sino por medios y recursos  extremos, siempre tan repugnantes a la sensibilidad dominicana. Se impone, pues, en el momento actual, una seria reflexión de la conciencia nacional acerca del Concordato de 1954.

La forma en que lo ha ejecutado el Clero ha constituido y sigue  constituyendo una violación de su espíritu, de los ideales que lo inspiraron, sociales, éticos, culturales; y de sus propósitos de largo  alcance en favor de la verdadera democracia y de la civilización  cristiana. Cuando menos, es irrebatible, que su ejecución no ha sido beneficiosa para el pueblo dominicano.

Por todas las razones estimo que, a menos que la Santa Sede, con su tradicional prudencia y sabiduría, realice cambios radicales en relación con la Iglesia en nuestro país soberano, y a menos que,  además de eso, el nuevo clero dé testimonios patentes, profundos  y consistentes de una actitud nueva respecto de nuestros legítimos  intereses nacionales y sociales, abandonando la fatal coincidencia  que desde principios de este año ha mantenido con el terrorismo internacional, debemos restablecer el régimen que teníamos antes de  1954, en las relaciones del Estado con la Iglesia Romana, régimen  que jamás nos trajo las gravísimas preocupaciones que ahora experimentamos”.

Otros connotados juristas e intelectuales trujillistas continuarían emitiendo su opinión sobre el Concordato,  las cuales abordaremos en entregas subsiguientes de esta columna.